El cambio de las injustas estructuras es posible con la movilización y la lucha de todo el pueblo por su dignidad

 

Con el triunfo ilegítimo del continuismo, repudiado por la abstención ciudadana, el país ha entrado en un proceso de radicalización de la lucha política, en el que el pueblo será protagonista de primera línea.

Toda la maquinaria del Estado, todos los recursos mafiosos del gobierno, sus mañas delictivas de fraude y corrupción, de chantaje e intimidación, fueron puestos al servicio de la victoria del continuismo buscando desesperadamente por esa vía un escudo que proteja a Uribe de la inminente acusación del pueblo y la justicia, frente a una gestión criminal y de lesa patria.

El régimen de Uribe fue el más serio intento de imponer violentamente un proyecto político de ultraderecha neoliberal basado en el paramilitarismo. Su gobierno pasará a la historia como el más vergonzoso de las últimas décadas, el más asesino de su población civil, el más arrodillado a la política de los Estados Unidos, y por esta circunstancia, el más compulsivo provocador de inestabilidad en las relaciones con los países vecinos.

Durante estos ocho años gobernó la mentira y la falsedad, la manipulación y el engaño. Uribe y el continuismo hicieron creer que su política de seguridad era de todos, cuando en realidad sólo aseguraba, mediante la represión, las ganancias de privilegiados sectores inversionistas, que acrecentaron el desempleo y la pobreza.

Hicieron creer que defender la soberanía era entregar la patria al gobierno de Washington y convertir a Colombia en un país ocupado militarmente por una potencia extranjera. Se las arreglaron para posar de adalides de la lucha contra el narcotráfico cuando el propio presidente Uribe, el DAS y el general Naranjo, tienen un largo historial que los vincula a la mafia del narcotráfico. Al país le dicen que no hay guerra ni conflicto armado, pero hay Plan Patriota e invasión gringa…

Seguridad democrática son los falsos positivos y la impunidad. Es poder elegir como Presidente al ministro de defensa que más estimuló estos crímenes de lesa humanidad. Es repartir tierras a la agroindustria paramilitar, porque ella sí tiene músculo financiero y los pobres campesinos no. Y es subsidiar o regalar de manera segura dineros del Estado a los empresarios del agro que financiaron las campañas electorales. Seguridad democrática son las fosas comunes con más de 2000 cadáveres como la que existe en un costado de la base militar de la Macarena y son los más de 4 millones de campesinos desplazados por la violencia del Estado. Es mentir sobre el fin del fin de la guerrilla bolivariana de las FARC -EP y preocuparse por la vitalidad de una organización que combate denodadamente por la nueva Colombia como lo consignan sus partes militares del mes de mayo.

Seguridad democrática es cambiar la Constitución para adecuarla a un interés particular cuando sea necesario y es tener una espuria mayoría en el Congreso y socavar la autoridad de las cortes con el aplauso de los incondicionales. También es repartir cargos burocráticos, gabelas y contratos, y aprovechar el gobierno para enriquecerse sin ningún cuestionamiento moral…

La abyecta defensa del militarismo oficiada por Uribe y su llamado a crear nuevas leyes garantes de la impunidad castrense, anuncian lo que vendrá durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Su cínica queja y su lamento fariseo sobreprotegiendo a un torturador-asesino, como Plazas Vega, a los altos mandos militares y al ex-presidente Belisario Betancur, responsables del holocausto del Palacio de Justicia, son patética evidencia de su esfuerzo por blindarse desde ahora, en previsión de futuras acusaciones en su contra.

Y, por supuesto, como forma de atornillar el narco paramilitarismo a la dirección del Estado, con garantías legales para desaparecer, torturar y asesinar opositores. El "fuero militar" que Uribe reclama es patente de impunidad criminal como lo demuestra la historia reciente de Colombia.

La vehemente defensa presidencial del ex director de la DIAN y de la "UIAF", señor Mario Aranguren, quien delinquió en favor de Uribe y seguramente por orden suya, evidencia la calaña de quien aspira a trascender ocultando, no solo su pasado criminal, sino las vergonzosas bajezas de su práctica como gobernante.

Estamos a las puertas de otro cuatrienio de ofensiva oligárquica contra el pueblo en todos los órdenes, embadurnado con melifluas y engañosas promesas oficiales alrededor de una victoria militar como lo han repetido sin cesar durante 46 años, sin preocuparse, ni mucho menos comprometerse a superar, las causas que generan el conflicto.

La profunda crisis estructural que padece Colombia no tiene solución en el continuismo. La ultraderecha neoliberal, creyendo que aún puede resolverla desde las alturas, ha convocado a una unión nacional sin pueblo en la que sólo reinan las ambiciones de los mismos que se lucran con la seguridad inversionista: los grupos financieros, el sector empresarial, los ganaderos y terratenientes, los paramilitares, los partidos que como pirañas se disputan las prebendas del poder, los grandes medios que aplauden los éxitos en litros de sangre de la política guerrerista... Allí no se ve el pueblo por ningún lado, porque la prosperidad de aquellos se sustenta en la miseria y explotación de los de abajo, de los excluidos.

Este bicentenario del grito de independencia debe dar paso a la lucha del pueblo por sus derechos, por la patria, por la soberanía, la justicia social y la paz. El cambio de las injustas estructuras es posible con la movilización y la lucha de todo el pueblo por su dignidad. Nada se puede esperar de los victimarios empotrados en el poder del Estado.

Sólo la lucha unificada puede conducirnos a una Colombia Nueva. Como lo hemos consignado desde Marquetalia en 1964: estamos dispuestos a buscar salidas políticas al conflicto, reiterando al mismo tiempo, que nuestra decisión de entregarlo todo por los cambios y los intereses populares, es irreductible, sin importar las circunstancias, obstáculos y dificultades que nos impongan. La justicia social espera triunfar en la movilización del pueblo.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia junio 21 de 2010

Memorando para un intercambio sobre el conflicto colombiano

Siempre hemos creído en una salida política al conflicto. Desde antes de la agresión a Marquetalia y durante estos 46 años lo hemos reiterado, expresado y luchado.
 

Primero. Siempre hemos creído en una salida política al conflicto. Desde antes de la agresión a Marquetalia y durante estos 46 años lo hemos reiterado, expresado y luchado.

Segundo. Nosotros no somos guerreristas, ni luchamos por venganzas personales, no tenemos patrimonios materiales ni privilegios que defender, somos revolucionarios comprometidos a conciencia y hasta siempre, con la búsqueda de una sociedad justa y soberana; profundamente humanistas, desprovistos de cualquier interés personal mezquino, que amamos nuestra patria por encima de todo y obligados a desarrollar la guerra contra una clase dirigente arrodillada al imperio, que ha utilizado de manera sistemática la violencia y el atentado personal como arma política para sostenerse en el poder, desde el 25 de septiembre de 1828 cuando pretendió asesinar al Libertador Simón Bolívar, hasta hoy, en que practica el Terrorismo del Estado para mantener el Statu quo.

Tercero. La dificultad que Colombia ha enfrentado para lograr la reconciliación a través del diálogo y los acuerdos, ha sido la concepción de paz oligárquica del régimen, que solo acepta el sometimiento absoluto de la insurgencia al llamado "orden establecido", ó, como alternativa, la "paz de los sepulcros".

Cuarto. No hemos peleado toda la vida contra un régimen excluyente y violento, corrupto, injusto y anti patriota, para ahora, sin cambios en su estructura, retornar a él.

Quinto. En Colombia mucha gente buena y capaz que quería un país mejor y que lo luchó por las vías pacíficas, como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda y otros, fue asesinada de forma premeditada, vil y a mansalva por los servicios de inteligencia del Estado en alianza con los paramilitares y las mafias, enemigos del pueblo, en un genocidio sin precedentes que liquidó físicamente a todo un movimiento político dinámico y en pleno crecimiento: LA UNION PATRIOTICA.

Por esa estrategia del Terrorismo de Estado se fracasó en la búsqueda de solución política en La Uribe durante los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco y, en Caracas y México durante el gobierno de César Gaviria.

Sexto. En El Caguán, como lo ha reconocido en su libro y en declaraciones públicas el presidente Pastrana, el régimen solo buscaba ganar tiempo para recomponer la alicaída fuerza militar del estado con un cronograma, directrices, instrucciones y financiación de la Casa Blanca, integrados en el Plan Colombia e impuesto por la administración de Bill Clinton para abortar una salida política democrática al conflicto colombiano y dar inicio a su campaña por revertir los cambios progresistas que desde entonces, avanzan en el continente. El satanizado proceso del Caguán, estaba condenado al fracaso antes de empezar como lo ha corroborado el ex presidente Pastrana, pues su gobierno jamás buscó allanar el camino hacia la paz, sino fortalecer y afinar su aparato de dominación, para continuar la guerra.

Séptimo. Estos antecedentes no invalidan las posibilidades de una solución política al conflicto colombiano. Evidencian sí la casi nula intención de las clase dirigente colombiana de ceder en su he gemonismo y su intolerancia frente a otras corrientes u opciones políticas de oposición que cuestionen su régimen político y su alineamiento internacional incondicional a favor de los intereses imperiales de los Estados Unidos, con menoscabo de nuestra soberanía y en contravía de los más caros y sentidos intereses de la nación y de la patria.

Su concepción sobre el ejercicio del poder está signada y sostenida por la violencia, la corrupción y la rapacidad y ello hace muy difícil una salida incruenta, que de todas formas, continuará siendo bandera de las FARC - EP y seguramente de amplios sectores del pueblo que finalmente, son los que sienten sobre su humanidad, los efectos de la hegemonía oligárquica.

Octavo. Los intereses de los distintos sectores sociales se están confrontando permanentemente. En ocasiones y por periodos definidos la oligarquía ejerce su dictadura a fondo, sin respuestas trascendentes de parte de las mayorías por la presión, represión, guerra sucia y descalificación que se desarrolla desde el Estado sobre ellas de diferentes maneras; en otros, las respuestas son importantes pero no suficientes; en otros, luego de una acumulación de factores sociales desbordantes, la respuesta popular es contundente. Entendemos que los intereses de los diferentes sectores en una sociedad como la nuestra, están en permanente choque y movimiento, nunca paralizados. Por eso, hablar en la Colombia de hoy del post conflicto, es propaganda.

Noveno. Esta reflexión es pertinente, puesto que las causas generadoras del alzamiento armado en nuestro país existen más vivas y pujantes que hace 46 años, lo que reclama, si queremos construir un futuro cierto de convivencia democrática, mayores esfuerzos, desprendimiento, compromiso, generosidad e imaginación realista para atacar la raíz de los problemas y no las consecuencias de los mismos.

Décimo. Luego de 12 años de ofensiva total contra las FARC - EP por parte del gobierno de los Estados Unidos y del Estado colombiano, los asesinatos oficiales, verdaderos crímenes de lesa humanidad, hoy llamados falsos positivos, el terror creciente de la nueva máscara del narco paramilitarismo denominada bandas criminales, la asqueante truculencia del presidente para mantenerse en el poder con trampas, la incontenible corrupción de la administración y de la empresa privada que a trueque de esa misma corrupción y de millonarias gabelas apoya al gobierno, la impúdica invasión del ejército gringo a Colombia y la creciente injusticia social con alto desempleo, sin salud para las mayorías, con un altísimo desplazamiento interno, con un ridículo salario mínimo en oposición a las enormes ganancias de banqueros, hacendados y empresas multinacionales y luego de haberle raponeando con una reforma laboral las conquistas salariales más trascendentes a los trabajadores del campo y la ciudad, todo lo que se ha logrado es abonar más el terreno para el crecimiento de la insurgencia revolucionaria.

Segunda parte:

1. El conflicto armado colombiano posee profundas raíces históricas, sociales y políticas. No ha sido el invento de ningún demiurgo, producto de ánimos sectarios, ni consecuencia de alguna especulación teórica, sino el resultado y la respuesta a formas de dominación específicas, impuestas por las clases gobernantes desde los gérmenes del Estado - nación cuyo eje ha sido la sistemática violencia terrorista anti popular, propiciada desde el estado, especialmente en los últimos 60 años.

2. Superarlo, por las vías pacíficas, supone que preliminarmente exista total disposición a abordar los temas del poder y del régimen político, si la decisión es encontrar soluciones sólidas y perdurables.

3. Hemos planteado la necesidad de conversar, en principio, para lograr acuerdos de canje, lo que permitiría no solo la libertad de prisioneros de guerra de lado y lado, sino avanzar en la humanización del conflicto y seguramente ganar terreno en el camino hacia acuerdos definitivos.

4. Conversar, buscar conjuntamente soluciones a los grandes problemas del país, no debe ser considerado como concesión de nadie, sino como un escenario realista y posible para intentar, una vez más, detener la guerra entre colombianos a partir de la civilidad de unos diálogos.

5. Reunirse para conversar de canje y de solución política supone plenas garantías para hacerlo, libres de toda presión, dando por descontado que, quien las puede otorgar es, exclusivamente, el gobierno de turno, si posee la voluntad de encontrar caminos de diálogo.

6. Nuestra histórica y permanente disposición por encontrar escenarios de confluencia a través del diálogo y la búsqueda colectiva de acuerdos de convivencia democrática no dependen de una coyuntura especial o de la correlación de las fuerzas políticas, es sencillamente, parte de nuestro acerbo programático.

7. Durante los últimos 45 años hemos sido objeto de toda suerte de ofensivas políticas, propagandísticas, militares, con presencia abierta o soterrada del Pentágono, con toda suerte de ultimátum y de amenazas de autoridades civiles y militares, bajo una permanente agresión terrorista sobre la población civil de las áreas donde operamos, etc., que no han mellado ni un ápice nuestra decisión y disposición de luchar, por el medio que nos dejen, por una Colombia soberana, democrática y con justicia social.

8. Entendemos los diálogos, en la búsqueda de caminos hacia la paz, no como una negociación porque no lo es, sino como un enorme esfuerzo colectivo por lograr acuerdos que posibiliten atacar las raíces que originan el conflicto colombiano.

Tercera Parte:

Las FARC somos respuesta a la violencia y a la injusticia del Estado. Nuestra insurgencia es un acto legítimo, un ejercicio del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de rebelarse contra la opresión. De nuestros libertadores aprendimos que “cuando el poder es opresor, la virtud tiene derecho a anonadarlo”, y que, “el hombre social puede conspirar contra toda ley positiva que tenga encorvada su cerviz”.

Tal como lo proclama el Programa Agrario de los Guerrilleros, las FARC “somos una organización política militar que recoge las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el establecimiento de un régimen democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia".

Una organización con estas proyecciones, que busca la concreción del proyecto político y social del padre de la República, el Libertador Simón Bolívar, irradia en su táctica y estrategia un carácter eminentemente político imposible de refutar. Sólo el gobierno de Bogotá, que actúa como colonia de Washington, niega el carácter político del conflicto. Lo hace dentro del marco de su estrategia de guerra sin fin para negar la salida política que reclama más del 70% de la población. Con ello pretende imponer a la fuerza una antipatriótica concepción de seguridad inversionista ideada por los estrategas del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, que relega a planos secundarios la dignidad de la nación.

Para el gobierno de Uribe, en Colombia no existe un conflicto político-social, sino una guerra del Estado contra el terrorismo, y con este presupuesto, complementado con la más intensa manipulación informativa, se cree con justificación y patente de corso para desatar su terrorismo de Estado contra la población, y para negar la solución política y el derecho a la paz.

Ahora que Colombia es un país formalmente invadido, ocupado militarmente por tropas estadounidenses, esa absurda percepción será fortalecida, provocando la agudización del conflicto.

Uribe no está instruido por sus amos de Washington ni para el canje ni para la paz.

El presidente de Colombia crea fantasmas para justificar su inamovilidad frente al tema del canje de prisioneros: que el acuerdo implica un reconocimiento del carácter de fuerza beligerante del adversario y que la liberación de guerrilleros provocaría la más grande desmoralización de las tropas... Es su manera de atravesar palos en la senda del entendimiento. Esta intransigencia innecesaria del gobierno ha sido la causa fundamental de la prolongación del cautiverio de los prisioneros de ambas partes. Cuando Bolívar firmaba el armisticio con Morillo en noviembre de 1820, propuso al general español, aprovechar la voluntad de entendimiento reinante para acordar un tratado de regularización de la guerra “conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios liberales y filantrópicos”. Su iniciativa fue aceptada, conviniéndose el canje de prisioneros, la recuperación de los cuerpos de los caídos en combate, y el respeto a la población civil no combatiente. Cuán distante está Uribe de estos imperativos éticos de humanidad.

Sin duda, asocia Uribe la solución política del conflicto con el fracaso y la inutilidad de su Doctrina de Seguridad Nacional y con el fin melancólico de su arrebato guerrerista de aplastar mediante las armas, la creciente inconformidad social. Parece un soldado japonés de la segunda guerra mundial perdido en una isla, disparando a enemigos imaginarios en medio de su locura.

A los participantes de este intercambio sobre el conflicto colombiano les reiteramos lo planteado recientemente a los presidentes de UNASUR y del ALBA:

“…Con un Uribe imbuido en el frenesí de la guerra y envalentonado con las bases norteamericanas, no habrá paz en Colombia ni estabilidad en la región. Si no se frena el guerrerismo -ahora repotenciado-, se incrementará en proporción dantesca el drama humanitario de Colombia. Es hora que Nuestra América y el mundo vuelvan sus ojos sobre este país violentado desde el poder. No se puede condenar eternamente a Colombia a ser el país de los “falsos positivos”, del asesinato de millares de civiles no combatientes por la Fuerza Pública, de las fosas comunes, del despojo de tierras, del desplazamiento forzoso de millones de campesinos, de las detenciones masivas de ciudadanos, de la tiranía y de la impunidad de los victimarios amparados en el Estado”.

Solicitamos a los asistentes a este evento interponer sus buenos oficios promoviendo, como un principio de solución política del conflicto, el reconocimiento del estatus de fuerza beligerante a las FARC. Sería el comienzo de la marcha de Colombia hacia la paz.
Si vamos a hablar de paz, las tropas norteamericanas deben salir del país, y el señor Uribe abandonar su campaña goebbeliana de calificar de terrorista a las FARC. De nuestra parte estamos listos para asumir la discusión en torno a la organización del Estado y de la economía, la política social y la doctrina que ha de guiar a las nuevas Fuerzas Armadas de la nación.

De ustedes atentamente.
Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, Febrero 22 de 2010

La construcción de la hidroeléctrica Pescadero en Ituango evidencia una vez más la injusticia social

El mega-proyecto de Pescadero (Ituango), Comunicado del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP

La construcción de la hidroeléctrica Pescadero - Ituango evidencia una vez más la injusticia social, el desequilibrio regional en Colombia y la rapiña de sectores económicos regionales, nacionales y extranjeros por apropiarse de las riquezas naturales.

Con éste mega proyecto que explota el inmenso potencial de agua y energía de la cuna de Atanasio Girardot y María Cano, nos preguntamos: ¿A quienes sirve tener las empresas más importantes de servicios públicos domiciliarios si sólo en Medellín hay más de 300.000 personas desconectadas de estos servicios? ¿Cómo es posible que sea en esta región donde fue declarado el  27 de agosto día de la dignidad de los desconectados y desconectadas en honor a la memoria de Susana y Vanesa, niñas víctimas de la desconexión de energía?

Y como si fuera poco, es una muestra de cinismo el hecho de que un juez no haya ordenado la reconexión del servicio público de agua a una familia, bajo el supuesto de que atentaba contra el patrimonio de las Empresas Públicas de Medellín. Esto sucede cuando, por un lado,  la misma Corte Constitucional prohíbe cortar totalmente el suministro de agua potable a los hogares en los cuales habitan niños.  Razón tienen los promotores del referendo que buscaba el reconocimiento del derecho al agua, el cual quedó enredado en el trámite leguleyo de la participación privilegiando la mercantilización del líquido vital.



Y por otro lado, cuando en 2009, las EPM consiguieron ganancias por un billón 697 mil 812 millones de pesos, sus ingresos operacionales superaron los 4 billones 365 mil millones y sus activos se situaron en 23 billones 607 mil millones, con pasivos que llegan a cinco billones 910 mil millones, para un patrimonio de 17 billones 696 mil millones de pesos. Sólo en el primer trimestre de 2010, ISA obtuvo ganancias por $78.472 millones e ISAGEN sigue cotizada en 3 billones de pesos para que el próximo gobierno la venda y continúe con la privatización, el aumento de las tarifas y con eso la negación de los derechos del Pueblo.

Todo esto es inadmisible cuando se compara la deuda de una familia del Pueblo con las cifras de la inversión y las ganancias de este sector de la economía. Sólo en la hidroeléctrica Pescadero Ituango se invertirán 2.400 millones de dólares y se proyecta como la hidroeléctrica más grande del país. Las grandes ganancias que se generarán en su construcción y explotación tiene peleando como aves de carroña a sectores de la economía regional. A las EPM y al IDEA se les ha visto en  sendas disputas por la propiedad y la adjudicación de contratos a empresas nacionales o extranjeras. Y es que no debemos olvidar que las obras macro siempre han sido realizadas con recursos públicos para el provecho de los carteles de la burguesía: el negociado les permite sacar beneficio de la construcción de las obras y esta infraestructura resulta mágicamente estratégica en el desarrollo del entorno regional de sus empresas capitalistas.

El Grupo Empresarial Antioqueño -comúnmente llamado sindicato antioqueño-, participa de la ejecución en macroproyectos de gran trascendencia regional y nacional. Es el caso de Conconcreto, Cementos Argos y Suramericana de Seguros. Les va tan bien a los oligarcas del hacha y la motosierra, que en el 2009 realizaron lo que se calificó en términos del “negocio del año”. A nombre de la Compañía Colombiana de Inversiones, se embolcillaron el 96,5% de la Empresa de Energía del Pacífico. El negocio, por más de dos billones 28 mil millones de pesos, la sitúa entre las empresas más grandes del país: con éste negocio pasaron del lugar 121 en 2009 al 23 en 2010.

Pescadero Ituango además ha generado desplazamiento de población. A los campesinos se les ofrece la compra de sus terrenos a costos que los mismos constructores jamás venderían. Tampoco se ofrecen alternativas. El empleo prometido no logra impactar los municipios involucrados. Y a los conflictos sociales que ha generado la obra el Estado responde con represión. La oligarquía está actuando de manera similar a cuando se construyó la represa del Peñol - que es hoy la más grande de Colombia. De seguro son los mismos intereses que generaron la resistencia popular y campesina atacada con asesinatos selectivos y masacres.  



Contrario a todo esto las FARC–EP proponemos en la Plataforma Bolivariana para la Nueva Colombia un rechazo a la política neoliberal. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos. La explotación de los recursos naturales deberá ser a favor del país y las regiones garantizando la preservación del medio ambiente. 




Necesitamos un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo que se comprometa alcanzar la paz con justicia social. Necesitamos un gobierno que privilegia los derechos del Pueblo por encima de las ganancias que lejos de quedar en manos del Estado, terminan en los bolcillos de los capitalistas.
          

Estado Mayor Bloque Iván Ríos de las FARC-EP

Montañas de Colombia, Junio de 2010

“Es oscuro el horizonte que delinean estos aspirantes y por estas razones estamos convocando a la abstención”

  

El dibujo ilustra a los generales del narco-paramilitar Alvaro Uribe y su ministro Santos, celebrando los mal llamados "falsos positivos" que no son otra cosa que secuestros y ejecuciones extra-judiciales.

46 Años de batallar por una Nueva Colombia

“Hemos crecido con la crítica, el reconocimiento, el abrazo, el amor y la ternura de una importante multitud de compatriotas que nos alientan con su propio sacrificio en la lucha por transformar el modelo económico y las costumbres políticas implantadas”

Hace cuarenta y seis años que la oligarquía más reaccionaria, sanguinaria, terrorista y sumisa a la estrategia imperialista de los Estados Unidos en Colombia, decidió empujar a la nación por el pavoroso camino de la guerra, haciendo oídos sordos a las miles de voces que clamaban por el imperativo del  dialogo y las salidas políticas por encima de las agresiones militares contra  los campesinos de Marquetalia.

Y el poder de la violencia y el terror, agitados en la biliosa y provocadora palabra del senador Álvaro Gómez Hurtado quien nunca iría a la guerra, y que obnubilado por el terror de las falanges franquistas en España, ambientó, sobre la mentira, la nueva justificación del nuevo ciclo de violencia como metodología para arrasar al opositor político.

La demencia del poder decretó pocas semanas para arrasar la resistencia encabezada por el más grande y sostenido comandante guerrillero de todos los tiempos, Manuel Marulanda Vélez y su naciente Estado Mayor, con Jacobo Arenas, Isaías Pardo, Hernando Gonzales, Joselo Lozada, Ciro Trujillo, Miguel Pascuas, Fernando Bustos y Jaime Guaracas que juntos, con los demás bravos agraristas, que no sobrepasaban las 46 voluntades, enfrentaron al terror bipartidista representado en el excluyente pacto del frente nacional, que engendró esta guerra que ya alcanza el medio siglo.

Desde el inicio de la campaña oligárquica y militarista, auspiciada y planificada por el imperialismo para justificar el terror contra el movimiento agrario de Marquetalia y Riochiquito y hasta el día que iniciaron la agresión, nuestra voz, junto a la de muchas organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, vibró de cordura proponiendo salidas incruentas y constructoras de democracia, de desarrollo humano, de fortalecimiento de la producción alimentaria, de equilibrio ambiental, de reconocimiento a la cosmovisión de las comunidades indígenas y a las negritudes, de participación equitativa en la producción y distribución de la riqueza.

Pero la ceguera del poder y la genuflexa postura ante las migajas del amo imperial, de la oligarquía criolla, descalificó y silenció estas voces. Su cuento ha sido el enriquecimiento, a cualquier precio, a base del terror y el despojo.

Las FARC-EP, nacimos empujados por la intolerancia, la exclusión y la persecución violenta de las castas que ostentan el poder y establecen los gobiernos, “hemos sido víctimas de la furia latifundista y castrense, porque aquí, en esta parte de América, predominan los intereses de los grandes señores de la tierra y los intereses en cadena de la reacción más oscurantista del país.

Por eso nos ha tocado sufrir en la carne y en el espíritu, todas las bestialidades de un régimen podrido que brota de la dominación de los monopolios financieros entroncados con el imperialismo.” manifestamos en el Programa Agrario. No inventamos esta guerra, ni fuimos a ella como aventura para homologar epopeyas redentoras de la pobrería, asumimos con dignidad y seriedad el destino político que le impuso el abominable poder oligárquico a la nación, como lo señalamos en esa época en el Programa Agrario "somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen”.

Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas “Repúblicas Independientes”, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugamos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder".

Así fue que los potentados del terror, nos transformaron en combatientes de la resistencia que la sabiduría del pueblo ha nutrido en este cercano medio siglo de accionar por la dignidad, la paz y la soberanía. Hemos crecido al calor del batallar político-militar, aferrados al legado histórico que nos dejaron las comunidades indígenas en la resistencia contra el invasor español, las luchas contra ese mismo poder por negros y cimarrones, el levantamiento guerrillero de los comuneros con José Antonio Galán, Lorenzo Alcantuz y Manuela Beltrán; de los forjadores de las movilizaciones por la primera independencia del coloniaje Español hace doscientos años con Don Antonio Nariño; por el fuego patriótico y soberano que nos irradia el pensamiento y el ejemplo del libertador Simón Bolívar.

 Hemos espigado en la experiencia de los guerrilleros de los mil días, en el novecientos, contra el “regenerador” Rafael Núñez. Nos hemos refrendado en la lucha contra la barbarie, ondeando la memoria de los asesinados por el ejército oficial al servicio del imperialismo en la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga departamento del Magdalena, en el comprometido recuerdo con todos los luchadores victimizados por el Estado y sus estructuras paralelas para el terror.

Pero también hemos crecido con la crítica, el reconocimiento, el abrazo, el amor y la ternura de una importante multitud de compatriotas que nos alientan con su propio sacrificio en la lucha por transformar el modelo económico y las costumbres políticas implantadas.

En estos 46 años de ardua lucha, hemos crecido en razones y en el compromiso de lucha con los cada vez más numerosos campesinos sin tierra por el desplazamiento y que ya sobrepasan la infame cifra de los 4 millones por el terror paraestatal; con los millones de destechados y con los más de 20 millones de pobres que se esfuerzan por romper el imperio de la desigualdad; con los más de 20 millones de desempleados condenados al rebusque y con los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación; con la memoria de todas las víctimas del terrorismo de Estado en todos estos años de terror y que a diario claman justicia, así como los más de 2.500 asesinados por la fuerza pública y presentados bajo el eufemismo de “falsos positivos” en este gobierno de Uribe Vélez; con las mujeres que tejen esperanzas de igualdad ante una violencia que les oprime y niega posibilidades de vida digna.

Hemos crecido en el fragor del combate y en la experiencia organizativa ante cada arremetida militarista y ante cada ciclo por descalificarnos y exterminarnos. El Plan Colombia no ha disminuido nuestra fortaleza, ni nuestra moral; fracasó ante las inocultables razones del alzamiento y por el violento autoritarismo que sustenta la política de seguridad del gobierno que termina; se estrelló por la mentira, el crimen y la corrupción que constituyen su verdadera naturaleza.

La escalada militar imperialista en nuestra patria, también fracasará ante la capacidad de lucha y resistencia de la insurgencia y la movilización de nuestro pueblo. La defensa de la soberanía patria es un imperativo en este tiempo de  reverencia oligárquica ante los intereses del gobierno estadounidense.

Nuestra disposición a construir caminos de paz es un compromiso de siempre; por la salida política nos la hemos jugado con seriedad, con ponderación, sin ilusionar a las mayorías nacionales, sin politiquerías, sin marrullerías en todos los escenarios. Así fue con el gobierno de Belisario Betancur y Virgilio Barco en Casa Verde, o en Caracas y Tlaxcala con Cesar Gaviria, o en el último intento en el Caguán con Andrés Pastrana.

Pero la excluyente minoría de políticos, empresarios, latifundistas y narcotraficantes que ostentan el poder, han colocado zancadillas para posicionar sus intereses, solo han buscado abrir espacio para recomponer sus estructuras de represión estatal bajo órdenes y financiación del imperio, como la implantación del fracasado Plan Colombia para imposibilitar cualquier avance de la paz democrática e imponer el lenguaje del terror y el chantaje para descalificar los movimientos de resistencia y liberación nacional, así como desestabilizar la región ante los vientos de cambio y soberanía que acompañan al continente.

El gobierno que agoniza, prometió el aniquilamiento de las FARC-EP, como una irrefutable estrategia de manipulación mediática de la opinión, para excederse en todas las formas en el poder. Y con su extravagante autoritarismo ocultar sus crímenes, sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como la corrupción que borbotea por todos los rincones del palacio presidencial.

Jamás se borrará de la historia de Colombia este período oscuro y letal del fatuo potentado que culmina su gobierno, con una profunda crisis estructural, y con más de 100 miembros de su bancada parlamentaria comprometidos con la para-política; la Yidis-política y la feria de notarias. Y los escándalos dolosos como Carimagua, Agroingreso Seguro, los decretos de la emergencia social, las zonas francas para incrementar el patrimonio familiar, las persecuciones “chuzadas” del DAS a opositores, sindicalistas y activistas de derechos humanos, la persecución a las cortes, las reuniones palaciegas con narcotraficantes, la obcecación por imponer un fiscal de bolsillo, la agresión al territorio de los países hermanos violando todas las normas del derecho internacional, la amenaza a periodistas independientes, los “falsos positivos” y la entrega del territorio nacional para la operación de fuerzas militares de ocupación norteamericanas.

El debate electoral que culmina su primera vuelta este 30 de mayo, está signado por la intolerancia y la pugnacidad que impuso la autocracia Uribista. Las propuestas, programas y compromisos con la nación han sido remplazados por el ataque grotesco y vulgar, por la propaganda negra en esfuerzo despiadado por presentar a uno u otro de los candidatos, como la opción más reaccionaria y autoritaria que la que encarnó el mandatario saliente.

Todos se esfuerzan por demostrar sumisión ante el imperio, asumiendo posiciones chovinistas contra los vecinos y con la rodilla en el suelo ante el imperio del norte, como afirmó Gaitán. Ninguno ha planteado los temas vitales que tienen a la nación en el profundo abismo de las desigualdades y el terror. Todos al unísono prometen más gasto militar y más guerra.

Es oscuro el horizonte que delinean estos aspirantes y por estas razones estamos convocando a la abstención, convencidos que solo la fuerza de la movilización de todos los colombianos, podrá imponer un destino cierto de paz y de justicia que retorne a los prisioneros de guerra a sus hogares, libere a guerrilleros y a los miles de presos políticos que se pudren en las cárceles del Estado, reconcilie y reconstruya a Colombia.

Solo la lucha organizada de las mayorías levantadas, como hace doscientos años, para lanzar el segundo grito por nuestra definitiva independencia, devolverá la tierra para producción campesina, resolverá la crisis ambiental que genera constantes desastres naturales en cada cambio de estación y la alimentaria que mata a la nación. Y solucionara definitivamente el drama de los desplazados; garantizara el acceso a la educación en todos los niveles, a la salud integral, a la vivienda digna, al empleo bien remunerado y asegurara el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos.

Solo la unidad de todos los revolucionarios y demócratas de la patria, movilizados junto a las grandes mayorías, nos permitirá sacarla de la horrible noche en que la dejó abatida el Uribismo y redimir a la generación del bicentenario.

En este 46 aniversario, ratificamos nuestro compromiso con la patria grande y el socialismo, con la paz democrática como condición esencial para la reconstrucción y reconciliación de todos los colombianos. Con la memoria viva de todos los luchadores por una nueva Colombia, con la fuerza moral del pensamiento de Bolívar, Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Iván Ríos, y Efraín Guzmán, las FARC-EP ponemos todos nuestros recursos humanos por el acuerdo humanitario y la paz de Colombia.

Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia Mayo de 2010

 

Denunciamos la agresiva destrucción del Páramo de las Hermosas invadido por cuatro batallones de alta montaña, que junto a otros miles de soldados realizan operaciones contra las FARC-EP, desplazan y asesinan al campesinado,  y declaran como terroristas los acuerdos comunitarios mediados por la insurgencia para proteger el bosque natural y las fuentes de agua... Habla el comandante Jerónimo Galeanodel Comando Conjunto de Occidente de las FARC-EP

Necesitamos persistir en la tarea de la organización popular y de masas, en la vigencia del proyecto bolivariano

Pablo Catatumbo: “Ninguno de los candidatos más mocionados, ofrece una verdadera solución a los problemas nacionales….

DIEZ AÑOS DE LUCHA POR LA UNIDAD DEL PUEBLO, LA SOBERANÍA Y LA PAZ DEMOCRÁTICA:

Compatriotas: Al conmemorar este 29 de abril el decimo aniversario de la fundación del Movimiento Bolivariano Por la Nueva Colombia, queremos hacer un justo reconocimiento a los miles de combatientes clandestinos, trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, mujeres, amas de casa, estudiantes revolucionarios, componentes de las diversas etnias, muchachos de las barriadas, a nuestros prisioneros, a nuestros muertos y demás compatriotas que con su dedicación, su sacrificio y su heroísmo de todos los días, han hecho posible cristalizar este esfuerzo formidable, en medio de la más feroz, criminal e infame campaña de persecución, de desinformación, de calumnias y represión contra nuestro pueblo.

Justo reconocimiento a esos luchadores clandestinos del trabajo gris y permanente, que muchas veces no obtienen el brillo que las armas otorgan y que hacen inmortales a los guerreros heroicos, pero arrostran tantos riesgos como los que se corren en el campo de batalla, siendo esa intrepidez de donde deriva su heroísmo.

Ya en el ocaso de uno de los más nefastos gobiernos anti populares de los últimos tiempos, el gobierno dictatorial y plutocrático de Álvaro Uribe Vélez, gobierno en el que desde el poder se cometieron toda clase de aberrantes delitos, el que no vaciló en recurrir a las peores formas de delincuencia para ambicionar perpetuarse en el poder, desde el infame asesinato de inocentes compatriotas para presentarlos como macabros y falsos trofeos de guerra, tratando de ocultar el fracaso de su mal llamada "Seguridad Democrática", demencial engendro fascista que durante dos periodos presidenciales se estrelló con la muralla granítica de la insurgencia guerrillera, sin lograr derrotarla como había prometido, hasta comprar su reelección, sobornando parlamentarios, otorgando notarías, pagando para que recogieran firmas e intentando hacer aprobar un referendo espurio con más dineros de los permitidos y haciendo abuso de toda clase de tramoyas para que el parlamento votara a su acomodo; cambiando el texto de lo que los firmantes pedían, para ajustarlo ilegalmente a sus ambiciones y regalando a manos llenas a los ricos, a tiempo que se lo negaba a los pobres, más de 400 millones de dólares a través del programa Agro Ingreso Seguro.

Todo eso para asegurar una segunda reelección consecutiva, en otro período del mismo presidente.

Afortunadamente, la Corte Constitucional falló en contra de tamaño atropello y puso fin a semejante abuso. Se va pues el dictador - mafioso, sin lograr su cometido de perpetuarse en el poder como un autócrata, y sin haber podido aniquilar o doblegar a la insurgencia guerrillera, como era su deseo.

Ahora estamos en la recta final de una campaña electoral sui géneris, con muy pocos matices, en la que no participan portavoces de auténticos partidos políticos representativos de los intereses nacionales, ni populares y donde están ausentes verdaderos programas de gobierno.

Con muy pocas excepciones, los que están en liza, son candidatos de una gran capacidad de manipulación mediática, algunos de ellos, oportunistas con un gran rabo de paja, manchados hasta el cuello de escándalos de corrupción, de abusos de poder, y en medio de una profunda crisis de legitimidad del régimen político que ellos representan.

A tiempo que los aspirantes presidenciales se disputan en abierta reyerta, cuál de todos ellos es más reaccionario y el heredero del cipayismo pro yanqui y la "seguridad democrática", ausente está en este debate electoral la discusión de los graves y verdaderos problemas que preocupan a las grandes mayorías nacionales: La necesidad de una verdadera reforma agraria que haga justicia al campesinado y resuelva las necesidades de nuestro abastecimiento interno, la recuperación de nuestra soberanía y dignidad nacionales, pisoteadas hoy con la existencia de 7 bases militares norteamericanas en territorio patrio, la solución al inmenso drama de los cuatro millones de desplazados, no por " la violencia " como acostumbran decir los embaucadores de oficio, si no por la violencia militar y paramilitar del Estado que les arrebató sus tierras, el tema del hambre, el desastre de la educación cada vez de menor calidad y con menos presupuesto, del desempleo galopante y creciente, de la salud y de la escasez de vivienda. Es allí donde está el meollo del problema.

Frente al principal problema que afronta la sociedad colombiana, por ya casi medio siglo, el del conflicto interno, los candidatos todos al unísono, siguiendo las órdenes del amo yanqui, solo ofrecen, mas continuismo, mas autoritarismo y mas bala.

Prolongar el conflicto armado y la guerra sucia, dar toda clase de gabelas a los ricos y entregar nuestros recursos naturales a la inversión extranjera, (ocho billones por exención de impuestos el año pasado, por cada tonelada de carbón que se llevan, solo recibimos 5 dólares), permitiendo el despojo de las tierras a los campesinos y aplaudiendo las bases yanquis en territorio patrio, mas la defensa del statu quo; a eso se reduce el programa con algunos matices, repetimos, de la mayoría de los aspirantes presidenciales.

Está claro que eso no puede ser considerado un auténtico programa político de gobierno, ni siquiera por la más obtusa y cerril derecha.

En esas condiciones, ninguno de los candidatos mas opcionados, ofrece una verdadera solución a los problemas nacionales y quien resulte elegido presidente, sea el uno o el otro, solo representará un cambio de administración, de rosca, y de grupo de privilegiados a quien beneficiar, pero no de gobierno, ni de rumbo, pues en últimas, todos son neoliberales. Y neoliberal quiere decir: enemigo del pueblo, de la organización popular, de los derechos y de las conquistas adquiridas por la clase obrera, de los sindicatos, de las luchas obreras y campesinas y partidario de un orden que haga in modificable y eterno, el régimen de la explotación y el capitalismo.

Colombia necesita superar esta etapa oscura de corrupción, de injusticia social, militarización, represión, atraso y violencia impuesta desde arriba que nos corroe desde hace más de 5 siglos, pero para eso, nuestro pueblo no puede seguir disperso, ni esperando que la solución de sus problemas se la otorgue algún mesías, perteneciente a la clase rapaz de quienes lo explotan y lo someten.

Necesitamos persistir en la tarea de la organización popular y de masas, en la vigencia del proyecto bolivariano, alentar las luchas del pueblo, buscar y pelear con ahínco por la unidad de los sectores populares, superar y derrotar el sectarismo aislacionista para avanzar hacia la conformación de un gran movimiento de masas que privilegie alcanzar la paz a través de la solución política, la defensa de los intereses populares, patriótico, anti oligárquico y profundamente comprometido con la defensa de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Solo mediante la lucha unida y de masas nuestro pueblo alcanzará su liberación.

Esa es la esencia y la razón de ser y de existir del Movimiento Bolivariano, una opción política distinta a los partidos tradicionales, capaz de contribuir con eficacia en la conducción del país hacia destinos de igualdad y de soberanía nacional, de cuya existencia conmemoramos hoy su decimo aniversario. Los invitamos a persistir en este esfuerzo y a continuar la lucha, hasta alcanzar una Colombia para todos.

¡Esta es la más linda y la más sagrada de todas las causas; por ella, bien vale toda una vida de combate, por ella, vale la pena seguir luchando!

Compatriota,

Pablo Catatumbo

Jefe del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia

Abril del año 2010

Montañas de Colombia

“falsos positivos” alcanzaron el máximo peldaño de la perfidia humana mediante el pago de millonarias y desbordas sumas de dinero

Los “falsos positivos”, por Iván Márquez, integrante del Secretariado de las FARC-EP

En la jerga militar y policial de Colombia, un “positivo” significa captura o eliminación de personas consideradas enemigas del Estado. Tales partes “positivos” siempre fueron premiados con ascensos, recompensas en dinero y vacaciones. Fue este abominable procedimiento del Estado, ligado a la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo que detonó en Colombia los “falsos positivos” o crímenes de lesa humanidad. Desde siempre, como antes en Vietnam o en El Salvador, en Colombia se asesinan civiles para presentarlos como guerrilleros.

Iván Márquez, jefe de la Comisión Internacional insurgente, a su lado el guerrillero Rodrigo Granda, foto archivo de RESISTENCIA.

Durante la administración del presidente narco-paramilitar Álvaro Uribe Vélez, estos “falsos positivos” alcanzaron el máximo peldaño de la perfidia humana mediante el pago de millonarias y desbordas sumas de dinero, ascensos en el escalafón y franquicias a integrantes de las fuerzas armadas oficiales, por personas muertas o capturadas, material incautado o información.

En el marco de su política de seguridad democrática o inversionista, Uribe dio luz verde al Ministerio de Defensa para la aplicación de la directiva ministerial permanente, número 29, de noviembre de 2005 “que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.

Dicha Directiva, firmada por su entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, establece los siguientes montos para cancelar recompensas:

$5.000 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) por máximos cabecillas.

$1.719 millones de pesos (859 mil 550 dólares) por cabecillas de estructuras mayores de relevancia nacional.

$191 millones de pesos (95 mil 500 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel regional.

$68 millones 760 mil pesos (34 mil 380 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel local

$3 millones 815 mil pesos (1.900 dólares) por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local.

Estas recompensas fueron difundidas en todas las unidades militares con la lista de las personas incluidas en los niveles I y II.

Le quitaron valor a la vida y le pusieron precio a la muerte. Midieron el éxito de su política criminal de seguridad en litros de sangre. Como consecuencia de esta Directiva los noticieros de la radio y la televisión, y los titulares de la prensa se llenaron de muertos, casi todos presentados por los militares como “jefes de finanzas” de la guerrilla, “mano derecha” del comandante tal, o simplemente, “terroristas” muertos en combate…

Las Brigadas Militares accionaron sus gatillos para alzarse con las recompensas en dinero, ascensos en el escalafón y las vacaciones remuneradas, ofrecidas por el gobierno.

Lo sucedido en la municipalidad de Soacha es emblemático: decenas de jóvenes desempleados fueron recogidos por contactos del ejército en las esquinas con ofertas de trabajo y en menos de 24 horas aparecieron en los titulares de los diarios como guerrilleros muertos en combate, en otro extremo de la geografía nacional. Les habían colocado uniformes y armas para hacer creíble la noticia. Lo raro es que mientras sus uniformes aparecían intactos, los cuerpos de las víctimas semejaban un colador por efecto de las balas. Esta luctuosa historia se repitió impunemente durante los últimos años bañando con sangre inocente el territorio de la patria.

En sus comparecencias ante la Fiscalía General de la nación los capos paramilitares han confesado que entregaron miles de personas asesinadas por ellos al ejército para que cobraran la recompensa y mostraran eficacia en su lucha antisubversiva. Así fueron tejiendo ante opinión la fábula de la derrota y del fin del fin de la guerrilla.

Cuando estalló el escándalo, cuando ya era imposible ocultar la barbarie, salió Uribe, el cerebro y autor intelectual de la Directriz criminal, a rasgarse hipócritamente las vestiduras, y con él hicieron lo mismo sus ministros de Defensa Camilo Ospina Bernal y Juan Manuel Santos (hoy candidato a la Presidencia de la República), los generales Padilla de León y Mario Montoya, comandantes de las fuerzas Militares y del ejército respectivamente, y el Director de la policía nacional, general Oscar Naranjo.

Intentaron hacer creer que se trataba de hechos aislados que no comprometían a la institución, para eludir así su responsabilidad penal. Sin embargo, la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, cuya copia adjuntamos, es un mentís incontestable a los asesinos y una denuncia al mundo de que los “falsos positivos” son el resultado directo de una política oficial y de terrorismo de Estado.

Ninguno de los inculpados está tras las rejas. Los militares de menor rango que estaban siendo procesados por la Fiscalía, todos fueron liberados. Los generales involucrados simplemente fueron destituidos, mientras su responsabilidad penal empieza a hundirse en el olvido.

¿Dónde están los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad?

Los pagos fueron realizados con recursos de la nación y otros provenientes de la cooperación económica nacional e internacional, como lo consigna la mencionada Directiva.

El mismo documento oficial reconoce textualmente que “se creó un comité técnico de seguimiento de la Directiva conformado por un delegado de la División Administrativa y un analista del J-2 del comando general de las fuerzas militares, el jefe de la división administrativa de la Dirección de inteligencia del Ejército Nacional, el jefe nacional de la JINA de la Armada Nacional, el jefe administrativo de la JIN de la Fuerza Aérea Colombiana, dos funcionarios de la policía nacional (DIPOL-DIJIN), un analista del DAS y un analista del CTI de la Fiscalía.

¿Quiénes son estos señores? ¿Por qué no han sido llamados a Juicio? Todos ellos deben comparecer ante los tribunales acompañados de su jefe, el presidente Uribe.

En el municipio de La Macarena, en un terreno colindante con la base militar del lugar, ha sido descubierta recientemente una gran fosa común con más de dos mil cadáveres. En los últimos años, en una ininterrumpida como ruidosa procesión de muerte, los helicópteros del ejército descargaron allí a los asesinados. Esos muertos son el parte de victoria de la política de seguridad de Uribe y de sus “falsos positivos”.

Durante el gobierno de Uribe Vélez las Fuerzas Armadas oficiales fueron convertidas en una fría máquina de matar inocentes. Estos crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen como responsables a altos funcionarios del Estado colombiano. No hay pruebas en contrario. Ellos constituyen un hecho notorio.

Estos crímenes fueron complementados con el encarcelamiento en el primer cuatrienio de Uribe, a través de redadas masivas, de más de 150 mil personas bajo la falsa imputación de apoyar a la insurgencia. El empapelamiento jurídico y los  montajes de la inteligencia militar obraron simultáneamente como falsos positivos judiciales.

El drama humanitario de Colombia y la degradación de la guerra como política de Estado, es el grito de un pueblo victimado que reclama la solidaridad de las naciones del mundo.

Montañas de Colombia, abril 27 de 2010

Iván Márquez, integrante del Secretariado de las FARC-EP