El cambio de las injustas estructuras es posible con la movilización y la lucha de todo el pueblo por su dignidad

 

Con el triunfo ilegítimo del continuismo, repudiado por la abstención ciudadana, el país ha entrado en un proceso de radicalización de la lucha política, en el que el pueblo será protagonista de primera línea.

Toda la maquinaria del Estado, todos los recursos mafiosos del gobierno, sus mañas delictivas de fraude y corrupción, de chantaje e intimidación, fueron puestos al servicio de la victoria del continuismo buscando desesperadamente por esa vía un escudo que proteja a Uribe de la inminente acusación del pueblo y la justicia, frente a una gestión criminal y de lesa patria.

El régimen de Uribe fue el más serio intento de imponer violentamente un proyecto político de ultraderecha neoliberal basado en el paramilitarismo. Su gobierno pasará a la historia como el más vergonzoso de las últimas décadas, el más asesino de su población civil, el más arrodillado a la política de los Estados Unidos, y por esta circunstancia, el más compulsivo provocador de inestabilidad en las relaciones con los países vecinos.

Durante estos ocho años gobernó la mentira y la falsedad, la manipulación y el engaño. Uribe y el continuismo hicieron creer que su política de seguridad era de todos, cuando en realidad sólo aseguraba, mediante la represión, las ganancias de privilegiados sectores inversionistas, que acrecentaron el desempleo y la pobreza.

Hicieron creer que defender la soberanía era entregar la patria al gobierno de Washington y convertir a Colombia en un país ocupado militarmente por una potencia extranjera. Se las arreglaron para posar de adalides de la lucha contra el narcotráfico cuando el propio presidente Uribe, el DAS y el general Naranjo, tienen un largo historial que los vincula a la mafia del narcotráfico. Al país le dicen que no hay guerra ni conflicto armado, pero hay Plan Patriota e invasión gringa…

Seguridad democrática son los falsos positivos y la impunidad. Es poder elegir como Presidente al ministro de defensa que más estimuló estos crímenes de lesa humanidad. Es repartir tierras a la agroindustria paramilitar, porque ella sí tiene músculo financiero y los pobres campesinos no. Y es subsidiar o regalar de manera segura dineros del Estado a los empresarios del agro que financiaron las campañas electorales. Seguridad democrática son las fosas comunes con más de 2000 cadáveres como la que existe en un costado de la base militar de la Macarena y son los más de 4 millones de campesinos desplazados por la violencia del Estado. Es mentir sobre el fin del fin de la guerrilla bolivariana de las FARC -EP y preocuparse por la vitalidad de una organización que combate denodadamente por la nueva Colombia como lo consignan sus partes militares del mes de mayo.

Seguridad democrática es cambiar la Constitución para adecuarla a un interés particular cuando sea necesario y es tener una espuria mayoría en el Congreso y socavar la autoridad de las cortes con el aplauso de los incondicionales. También es repartir cargos burocráticos, gabelas y contratos, y aprovechar el gobierno para enriquecerse sin ningún cuestionamiento moral…

La abyecta defensa del militarismo oficiada por Uribe y su llamado a crear nuevas leyes garantes de la impunidad castrense, anuncian lo que vendrá durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Su cínica queja y su lamento fariseo sobreprotegiendo a un torturador-asesino, como Plazas Vega, a los altos mandos militares y al ex-presidente Belisario Betancur, responsables del holocausto del Palacio de Justicia, son patética evidencia de su esfuerzo por blindarse desde ahora, en previsión de futuras acusaciones en su contra.

Y, por supuesto, como forma de atornillar el narco paramilitarismo a la dirección del Estado, con garantías legales para desaparecer, torturar y asesinar opositores. El "fuero militar" que Uribe reclama es patente de impunidad criminal como lo demuestra la historia reciente de Colombia.

La vehemente defensa presidencial del ex director de la DIAN y de la "UIAF", señor Mario Aranguren, quien delinquió en favor de Uribe y seguramente por orden suya, evidencia la calaña de quien aspira a trascender ocultando, no solo su pasado criminal, sino las vergonzosas bajezas de su práctica como gobernante.

Estamos a las puertas de otro cuatrienio de ofensiva oligárquica contra el pueblo en todos los órdenes, embadurnado con melifluas y engañosas promesas oficiales alrededor de una victoria militar como lo han repetido sin cesar durante 46 años, sin preocuparse, ni mucho menos comprometerse a superar, las causas que generan el conflicto.

La profunda crisis estructural que padece Colombia no tiene solución en el continuismo. La ultraderecha neoliberal, creyendo que aún puede resolverla desde las alturas, ha convocado a una unión nacional sin pueblo en la que sólo reinan las ambiciones de los mismos que se lucran con la seguridad inversionista: los grupos financieros, el sector empresarial, los ganaderos y terratenientes, los paramilitares, los partidos que como pirañas se disputan las prebendas del poder, los grandes medios que aplauden los éxitos en litros de sangre de la política guerrerista... Allí no se ve el pueblo por ningún lado, porque la prosperidad de aquellos se sustenta en la miseria y explotación de los de abajo, de los excluidos.

Este bicentenario del grito de independencia debe dar paso a la lucha del pueblo por sus derechos, por la patria, por la soberanía, la justicia social y la paz. El cambio de las injustas estructuras es posible con la movilización y la lucha de todo el pueblo por su dignidad. Nada se puede esperar de los victimarios empotrados en el poder del Estado.

Sólo la lucha unificada puede conducirnos a una Colombia Nueva. Como lo hemos consignado desde Marquetalia en 1964: estamos dispuestos a buscar salidas políticas al conflicto, reiterando al mismo tiempo, que nuestra decisión de entregarlo todo por los cambios y los intereses populares, es irreductible, sin importar las circunstancias, obstáculos y dificultades que nos impongan. La justicia social espera triunfar en la movilización del pueblo.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia junio 21 de 2010

Memorando para un intercambio sobre el conflicto colombiano

Siempre hemos creído en una salida política al conflicto. Desde antes de la agresión a Marquetalia y durante estos 46 años lo hemos reiterado, expresado y luchado.
 

Primero. Siempre hemos creído en una salida política al conflicto. Desde antes de la agresión a Marquetalia y durante estos 46 años lo hemos reiterado, expresado y luchado.

Segundo. Nosotros no somos guerreristas, ni luchamos por venganzas personales, no tenemos patrimonios materiales ni privilegios que defender, somos revolucionarios comprometidos a conciencia y hasta siempre, con la búsqueda de una sociedad justa y soberana; profundamente humanistas, desprovistos de cualquier interés personal mezquino, que amamos nuestra patria por encima de todo y obligados a desarrollar la guerra contra una clase dirigente arrodillada al imperio, que ha utilizado de manera sistemática la violencia y el atentado personal como arma política para sostenerse en el poder, desde el 25 de septiembre de 1828 cuando pretendió asesinar al Libertador Simón Bolívar, hasta hoy, en que practica el Terrorismo del Estado para mantener el Statu quo.

Tercero. La dificultad que Colombia ha enfrentado para lograr la reconciliación a través del diálogo y los acuerdos, ha sido la concepción de paz oligárquica del régimen, que solo acepta el sometimiento absoluto de la insurgencia al llamado "orden establecido", ó, como alternativa, la "paz de los sepulcros".

Cuarto. No hemos peleado toda la vida contra un régimen excluyente y violento, corrupto, injusto y anti patriota, para ahora, sin cambios en su estructura, retornar a él.

Quinto. En Colombia mucha gente buena y capaz que quería un país mejor y que lo luchó por las vías pacíficas, como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda y otros, fue asesinada de forma premeditada, vil y a mansalva por los servicios de inteligencia del Estado en alianza con los paramilitares y las mafias, enemigos del pueblo, en un genocidio sin precedentes que liquidó físicamente a todo un movimiento político dinámico y en pleno crecimiento: LA UNION PATRIOTICA.

Por esa estrategia del Terrorismo de Estado se fracasó en la búsqueda de solución política en La Uribe durante los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco y, en Caracas y México durante el gobierno de César Gaviria.

Sexto. En El Caguán, como lo ha reconocido en su libro y en declaraciones públicas el presidente Pastrana, el régimen solo buscaba ganar tiempo para recomponer la alicaída fuerza militar del estado con un cronograma, directrices, instrucciones y financiación de la Casa Blanca, integrados en el Plan Colombia e impuesto por la administración de Bill Clinton para abortar una salida política democrática al conflicto colombiano y dar inicio a su campaña por revertir los cambios progresistas que desde entonces, avanzan en el continente. El satanizado proceso del Caguán, estaba condenado al fracaso antes de empezar como lo ha corroborado el ex presidente Pastrana, pues su gobierno jamás buscó allanar el camino hacia la paz, sino fortalecer y afinar su aparato de dominación, para continuar la guerra.

Séptimo. Estos antecedentes no invalidan las posibilidades de una solución política al conflicto colombiano. Evidencian sí la casi nula intención de las clase dirigente colombiana de ceder en su he gemonismo y su intolerancia frente a otras corrientes u opciones políticas de oposición que cuestionen su régimen político y su alineamiento internacional incondicional a favor de los intereses imperiales de los Estados Unidos, con menoscabo de nuestra soberanía y en contravía de los más caros y sentidos intereses de la nación y de la patria.

Su concepción sobre el ejercicio del poder está signada y sostenida por la violencia, la corrupción y la rapacidad y ello hace muy difícil una salida incruenta, que de todas formas, continuará siendo bandera de las FARC - EP y seguramente de amplios sectores del pueblo que finalmente, son los que sienten sobre su humanidad, los efectos de la hegemonía oligárquica.

Octavo. Los intereses de los distintos sectores sociales se están confrontando permanentemente. En ocasiones y por periodos definidos la oligarquía ejerce su dictadura a fondo, sin respuestas trascendentes de parte de las mayorías por la presión, represión, guerra sucia y descalificación que se desarrolla desde el Estado sobre ellas de diferentes maneras; en otros, las respuestas son importantes pero no suficientes; en otros, luego de una acumulación de factores sociales desbordantes, la respuesta popular es contundente. Entendemos que los intereses de los diferentes sectores en una sociedad como la nuestra, están en permanente choque y movimiento, nunca paralizados. Por eso, hablar en la Colombia de hoy del post conflicto, es propaganda.

Noveno. Esta reflexión es pertinente, puesto que las causas generadoras del alzamiento armado en nuestro país existen más vivas y pujantes que hace 46 años, lo que reclama, si queremos construir un futuro cierto de convivencia democrática, mayores esfuerzos, desprendimiento, compromiso, generosidad e imaginación realista para atacar la raíz de los problemas y no las consecuencias de los mismos.

Décimo. Luego de 12 años de ofensiva total contra las FARC - EP por parte del gobierno de los Estados Unidos y del Estado colombiano, los asesinatos oficiales, verdaderos crímenes de lesa humanidad, hoy llamados falsos positivos, el terror creciente de la nueva máscara del narco paramilitarismo denominada bandas criminales, la asqueante truculencia del presidente para mantenerse en el poder con trampas, la incontenible corrupción de la administración y de la empresa privada que a trueque de esa misma corrupción y de millonarias gabelas apoya al gobierno, la impúdica invasión del ejército gringo a Colombia y la creciente injusticia social con alto desempleo, sin salud para las mayorías, con un altísimo desplazamiento interno, con un ridículo salario mínimo en oposición a las enormes ganancias de banqueros, hacendados y empresas multinacionales y luego de haberle raponeando con una reforma laboral las conquistas salariales más trascendentes a los trabajadores del campo y la ciudad, todo lo que se ha logrado es abonar más el terreno para el crecimiento de la insurgencia revolucionaria.

Segunda parte:

1. El conflicto armado colombiano posee profundas raíces históricas, sociales y políticas. No ha sido el invento de ningún demiurgo, producto de ánimos sectarios, ni consecuencia de alguna especulación teórica, sino el resultado y la respuesta a formas de dominación específicas, impuestas por las clases gobernantes desde los gérmenes del Estado - nación cuyo eje ha sido la sistemática violencia terrorista anti popular, propiciada desde el estado, especialmente en los últimos 60 años.

2. Superarlo, por las vías pacíficas, supone que preliminarmente exista total disposición a abordar los temas del poder y del régimen político, si la decisión es encontrar soluciones sólidas y perdurables.

3. Hemos planteado la necesidad de conversar, en principio, para lograr acuerdos de canje, lo que permitiría no solo la libertad de prisioneros de guerra de lado y lado, sino avanzar en la humanización del conflicto y seguramente ganar terreno en el camino hacia acuerdos definitivos.

4. Conversar, buscar conjuntamente soluciones a los grandes problemas del país, no debe ser considerado como concesión de nadie, sino como un escenario realista y posible para intentar, una vez más, detener la guerra entre colombianos a partir de la civilidad de unos diálogos.

5. Reunirse para conversar de canje y de solución política supone plenas garantías para hacerlo, libres de toda presión, dando por descontado que, quien las puede otorgar es, exclusivamente, el gobierno de turno, si posee la voluntad de encontrar caminos de diálogo.

6. Nuestra histórica y permanente disposición por encontrar escenarios de confluencia a través del diálogo y la búsqueda colectiva de acuerdos de convivencia democrática no dependen de una coyuntura especial o de la correlación de las fuerzas políticas, es sencillamente, parte de nuestro acerbo programático.

7. Durante los últimos 45 años hemos sido objeto de toda suerte de ofensivas políticas, propagandísticas, militares, con presencia abierta o soterrada del Pentágono, con toda suerte de ultimátum y de amenazas de autoridades civiles y militares, bajo una permanente agresión terrorista sobre la población civil de las áreas donde operamos, etc., que no han mellado ni un ápice nuestra decisión y disposición de luchar, por el medio que nos dejen, por una Colombia soberana, democrática y con justicia social.

8. Entendemos los diálogos, en la búsqueda de caminos hacia la paz, no como una negociación porque no lo es, sino como un enorme esfuerzo colectivo por lograr acuerdos que posibiliten atacar las raíces que originan el conflicto colombiano.

Tercera Parte:

Las FARC somos respuesta a la violencia y a la injusticia del Estado. Nuestra insurgencia es un acto legítimo, un ejercicio del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de rebelarse contra la opresión. De nuestros libertadores aprendimos que “cuando el poder es opresor, la virtud tiene derecho a anonadarlo”, y que, “el hombre social puede conspirar contra toda ley positiva que tenga encorvada su cerviz”.

Tal como lo proclama el Programa Agrario de los Guerrilleros, las FARC “somos una organización política militar que recoge las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el establecimiento de un régimen democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar para todos quienes vivimos en Colombia".

Una organización con estas proyecciones, que busca la concreción del proyecto político y social del padre de la República, el Libertador Simón Bolívar, irradia en su táctica y estrategia un carácter eminentemente político imposible de refutar. Sólo el gobierno de Bogotá, que actúa como colonia de Washington, niega el carácter político del conflicto. Lo hace dentro del marco de su estrategia de guerra sin fin para negar la salida política que reclama más del 70% de la población. Con ello pretende imponer a la fuerza una antipatriótica concepción de seguridad inversionista ideada por los estrategas del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, que relega a planos secundarios la dignidad de la nación.

Para el gobierno de Uribe, en Colombia no existe un conflicto político-social, sino una guerra del Estado contra el terrorismo, y con este presupuesto, complementado con la más intensa manipulación informativa, se cree con justificación y patente de corso para desatar su terrorismo de Estado contra la población, y para negar la solución política y el derecho a la paz.

Ahora que Colombia es un país formalmente invadido, ocupado militarmente por tropas estadounidenses, esa absurda percepción será fortalecida, provocando la agudización del conflicto.

Uribe no está instruido por sus amos de Washington ni para el canje ni para la paz.

El presidente de Colombia crea fantasmas para justificar su inamovilidad frente al tema del canje de prisioneros: que el acuerdo implica un reconocimiento del carácter de fuerza beligerante del adversario y que la liberación de guerrilleros provocaría la más grande desmoralización de las tropas... Es su manera de atravesar palos en la senda del entendimiento. Esta intransigencia innecesaria del gobierno ha sido la causa fundamental de la prolongación del cautiverio de los prisioneros de ambas partes. Cuando Bolívar firmaba el armisticio con Morillo en noviembre de 1820, propuso al general español, aprovechar la voluntad de entendimiento reinante para acordar un tratado de regularización de la guerra “conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios liberales y filantrópicos”. Su iniciativa fue aceptada, conviniéndose el canje de prisioneros, la recuperación de los cuerpos de los caídos en combate, y el respeto a la población civil no combatiente. Cuán distante está Uribe de estos imperativos éticos de humanidad.

Sin duda, asocia Uribe la solución política del conflicto con el fracaso y la inutilidad de su Doctrina de Seguridad Nacional y con el fin melancólico de su arrebato guerrerista de aplastar mediante las armas, la creciente inconformidad social. Parece un soldado japonés de la segunda guerra mundial perdido en una isla, disparando a enemigos imaginarios en medio de su locura.

A los participantes de este intercambio sobre el conflicto colombiano les reiteramos lo planteado recientemente a los presidentes de UNASUR y del ALBA:

“…Con un Uribe imbuido en el frenesí de la guerra y envalentonado con las bases norteamericanas, no habrá paz en Colombia ni estabilidad en la región. Si no se frena el guerrerismo -ahora repotenciado-, se incrementará en proporción dantesca el drama humanitario de Colombia. Es hora que Nuestra América y el mundo vuelvan sus ojos sobre este país violentado desde el poder. No se puede condenar eternamente a Colombia a ser el país de los “falsos positivos”, del asesinato de millares de civiles no combatientes por la Fuerza Pública, de las fosas comunes, del despojo de tierras, del desplazamiento forzoso de millones de campesinos, de las detenciones masivas de ciudadanos, de la tiranía y de la impunidad de los victimarios amparados en el Estado”.

Solicitamos a los asistentes a este evento interponer sus buenos oficios promoviendo, como un principio de solución política del conflicto, el reconocimiento del estatus de fuerza beligerante a las FARC. Sería el comienzo de la marcha de Colombia hacia la paz.
Si vamos a hablar de paz, las tropas norteamericanas deben salir del país, y el señor Uribe abandonar su campaña goebbeliana de calificar de terrorista a las FARC. De nuestra parte estamos listos para asumir la discusión en torno a la organización del Estado y de la economía, la política social y la doctrina que ha de guiar a las nuevas Fuerzas Armadas de la nación.

De ustedes atentamente.
Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, Febrero 22 de 2010

La construcción de la hidroeléctrica Pescadero en Ituango evidencia una vez más la injusticia social

El mega-proyecto de Pescadero (Ituango), Comunicado del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP

La construcción de la hidroeléctrica Pescadero - Ituango evidencia una vez más la injusticia social, el desequilibrio regional en Colombia y la rapiña de sectores económicos regionales, nacionales y extranjeros por apropiarse de las riquezas naturales.

Con éste mega proyecto que explota el inmenso potencial de agua y energía de la cuna de Atanasio Girardot y María Cano, nos preguntamos: ¿A quienes sirve tener las empresas más importantes de servicios públicos domiciliarios si sólo en Medellín hay más de 300.000 personas desconectadas de estos servicios? ¿Cómo es posible que sea en esta región donde fue declarado el  27 de agosto día de la dignidad de los desconectados y desconectadas en honor a la memoria de Susana y Vanesa, niñas víctimas de la desconexión de energía?

Y como si fuera poco, es una muestra de cinismo el hecho de que un juez no haya ordenado la reconexión del servicio público de agua a una familia, bajo el supuesto de que atentaba contra el patrimonio de las Empresas Públicas de Medellín. Esto sucede cuando, por un lado,  la misma Corte Constitucional prohíbe cortar totalmente el suministro de agua potable a los hogares en los cuales habitan niños.  Razón tienen los promotores del referendo que buscaba el reconocimiento del derecho al agua, el cual quedó enredado en el trámite leguleyo de la participación privilegiando la mercantilización del líquido vital.



Y por otro lado, cuando en 2009, las EPM consiguieron ganancias por un billón 697 mil 812 millones de pesos, sus ingresos operacionales superaron los 4 billones 365 mil millones y sus activos se situaron en 23 billones 607 mil millones, con pasivos que llegan a cinco billones 910 mil millones, para un patrimonio de 17 billones 696 mil millones de pesos. Sólo en el primer trimestre de 2010, ISA obtuvo ganancias por $78.472 millones e ISAGEN sigue cotizada en 3 billones de pesos para que el próximo gobierno la venda y continúe con la privatización, el aumento de las tarifas y con eso la negación de los derechos del Pueblo.

Todo esto es inadmisible cuando se compara la deuda de una familia del Pueblo con las cifras de la inversión y las ganancias de este sector de la economía. Sólo en la hidroeléctrica Pescadero Ituango se invertirán 2.400 millones de dólares y se proyecta como la hidroeléctrica más grande del país. Las grandes ganancias que se generarán en su construcción y explotación tiene peleando como aves de carroña a sectores de la economía regional. A las EPM y al IDEA se les ha visto en  sendas disputas por la propiedad y la adjudicación de contratos a empresas nacionales o extranjeras. Y es que no debemos olvidar que las obras macro siempre han sido realizadas con recursos públicos para el provecho de los carteles de la burguesía: el negociado les permite sacar beneficio de la construcción de las obras y esta infraestructura resulta mágicamente estratégica en el desarrollo del entorno regional de sus empresas capitalistas.

El Grupo Empresarial Antioqueño -comúnmente llamado sindicato antioqueño-, participa de la ejecución en macroproyectos de gran trascendencia regional y nacional. Es el caso de Conconcreto, Cementos Argos y Suramericana de Seguros. Les va tan bien a los oligarcas del hacha y la motosierra, que en el 2009 realizaron lo que se calificó en términos del “negocio del año”. A nombre de la Compañía Colombiana de Inversiones, se embolcillaron el 96,5% de la Empresa de Energía del Pacífico. El negocio, por más de dos billones 28 mil millones de pesos, la sitúa entre las empresas más grandes del país: con éste negocio pasaron del lugar 121 en 2009 al 23 en 2010.

Pescadero Ituango además ha generado desplazamiento de población. A los campesinos se les ofrece la compra de sus terrenos a costos que los mismos constructores jamás venderían. Tampoco se ofrecen alternativas. El empleo prometido no logra impactar los municipios involucrados. Y a los conflictos sociales que ha generado la obra el Estado responde con represión. La oligarquía está actuando de manera similar a cuando se construyó la represa del Peñol - que es hoy la más grande de Colombia. De seguro son los mismos intereses que generaron la resistencia popular y campesina atacada con asesinatos selectivos y masacres.  



Contrario a todo esto las FARC–EP proponemos en la Plataforma Bolivariana para la Nueva Colombia un rechazo a la política neoliberal. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos. La explotación de los recursos naturales deberá ser a favor del país y las regiones garantizando la preservación del medio ambiente. 




Necesitamos un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo que se comprometa alcanzar la paz con justicia social. Necesitamos un gobierno que privilegia los derechos del Pueblo por encima de las ganancias que lejos de quedar en manos del Estado, terminan en los bolcillos de los capitalistas.
          

Estado Mayor Bloque Iván Ríos de las FARC-EP

Montañas de Colombia, Junio de 2010