En este pensamiento de Manuel está pintada el alma de las FARC como bandera al viento. Hace 45 años surgimos en las alturas de Marquetalia, la montaña de la resistencia de los pueblos, buscando paz para Colombia, justicia y dignidad. Desde entonces somos la respuesta armada de los desposeídos y los justos a las múltiples violencias del Estado.
La paz es nuestra estrategia, y el accionar del Movimiento armado empuñando la bandera de la alternativa política, la táctica para llegar a ella. Lo decimos también con la palabra de fuego de Bolívar: “la insurrección se anuncia con el espíritu de paz. Se resiste al despotismo porque éste destruye la paz, y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz”. Por ella entregaron su vida Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Efraín Guzmán, Raúl Reyes, Iván Ríos y toda esa invencible legión de comandantes y combatientes a quienes hoy recordamos con veneración. Para todos ellos, honor y gloria en este aniversario de las FARC.
“Aquel que asegura su honor -decía el Libertador- dedicando su vida al servicio de la humanidad, a la defensa de la justicia y al exterminio de la tiranía, adquiere una vida de inmortalidad al dejar el marco de la materia que el hombre recibe de la naturaleza. Una muerte gloriosa triunfa sobre el tiempo y prolonga la sublime existencia hasta la más remota posteridad”… Es lo que ocurre con todos ellos, que a pesar de haber partido siguen vivos en los fusiles y el proyecto político de las FARC, con Bolívar combatiendo por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo, hombro a hombro con el pueblo y sus guerrilleros.
Queremos el país que vislumbran el Manifiesto de las FARC y la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia. Lo queremos surgido de un Gran Acuerdo Nacional hacia la Paz rubricado por todas las fuerzas dispuestas a protagonizar el cambio de las injustas y anacrónicas estructuras, sin exclusiones. Emanado de un pacto social rodeado de pueblo que instrumente la articulación de una alternativa política con miras a la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico democrático, bolivariano, hacia el socialismo. Sí, hacia el socialismo, que es justicia y redención de pueblos, el arca de salvación de la humanidad frente al hundimiento del sistema capitalista mundial.
La dignidad de Colombia y el rescate del sentimiento de patria reclaman un nuevo liderazgo que privilegie la unidad y el socialismo al avanzar hacia el horizonte futuro. Un nuevo grito de independencia nos convoca mostrándonos el campo de batalla del Ayacucho del siglo XXI donde flamea la certeza del triunfo de la revolución continental, la de Bolívar y nuestros próceres.
Es hora de superar la vergüenza nacional que significa un gobierno ilegítimo e ilegal, generador de muerte y de pobreza. Un gobierno que apoyado por el de Washington, sólo actúa para perpetuar la guerra y la discordia mientras garantiza a sangre y fuego la seguridad inversionista a las trasnacionales que saquean nuestros recursos. Un régimen apátrida, que a pesar del alto número de tropas norteamericanas que intervienen en el conflicto interno de Colombia, permite que nuestro suelo sagrado sea hollado por más tropas extranjeras, las expulsadas de Manta, permitiéndole a los Estados Unidos operar en esta tierra una base de agresión para el asalto a los pueblos hermanos del continente. Un gobierno desvergonzadamente narco paramilitar, que ya no se inmuta ante las contundentes confesiones de capos paramilitares que aseguran, como “Don Berna”, haber financiado con dólares de la cocaína las campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Un gobierno y un Presidente que convirtieron el Palacio de Nariño en oscuro antro de conspiración entre mafiosos para desestabilizar a la Corte, obstruir a la justicia y dejar sin efecto la independencia de los poderes públicos. Que extraditó a los Estados Unidos a los cabecillas paramilitares cuando estos empezaron a vincular al entorno de Uribe, a los generales, a los empresarios y a los ganaderos, en la estrategia paramilitar del Estado que aún desangra a Colombia.
El país nacional no sale del asombro ante el autismo de la Fiscalía que prefiere clavar su cabeza en la arena para no emprender ninguna acción de responsabilidad penal contra las empresas Chiquita Brand -la misma de la masacre de las bananeras en 1928- la Drummond, Postobón, Brasilia, Carbones del Caribe…, denunciadas por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso como financiadoras del paramilitarismo. El mismo Cabecilla ha revelado que la masacre de la Gabarra en la que fueron asesinados 40 campesinos, perversamente atribuida a la guerrilla para desprestigiarla, fue realmente ejecutada por los paramilitares, el ejército y la policía.
La máscara ha caído. A Uribe lo ronda insistente el fantasma de Fujimori condenado en el Perú a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Prevé que los cobardes asesinatos de civiles no combatientes, estimulados por la insania de mostrar a todo trance resultados con sangre de su política fascista de seguridad, no quedarán en la impunidad. Claman justicia al cielo el desplazamiento forzoso de más de 4 millones de campesinos, el despojo de sus tierras, las miles de fosas comunes, y la vinculación del presidente a masacres de indefensos ciudadanos. El jefe paramilitar que denunció la responsabilidad directa de Uribe en la espantosa masacre de El Aro, Antioquia, acaba de ser asesinado para satisfacción del tirano del Palacio de Nariño Sabe que tarde o temprano tendrá que responder por sus crímenes.
Debe ser revocado el mandato de un presidente que ha impuesto el deshonroso récord de tener a más del 90% de su bancada parlamentaria vinculada al proceso de la narco-parapolítica; que mantiene como ministros de Estado a delincuentes de cohecho; que utiliza el poder para enriquecer a sus hijos, que convierte el servicio diplomático en refugio de asesinos como el general Montoya tantas veces denunciado, y que promueve referendos inconstitucionales para perpetuarse en el poder como mecanismo de escape a la justicia. Uribe es un verdadero bandido amparado tras la banda presidencial.
Cuántos problemas internacionales ha generado su absurda pretensión de trasnacionalizar la política fascista de seguridad con la que el gobierno de Colombia se cree en el derecho de actuar extraterritorialmente en desarrollo de su particular visión y de su estrategia contrainsurgente, por encima de los pueblos y sus gobernantes, pisoteando la soberanía de las naciones y desestabilizando la región, siempre apoyado por el gobierno de Washington.
Quiere incendiar al país indefinidamente con el fuego de la guerra y de la violación de los derechos humanos aferrado a la quimera del triunfo militar. Con inconsecuencia niega la existencia del conflicto político y social, pero coloca su enfermiza ilusión en el Plan Patriota del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, creyendo inútilmente que la inconformidad social puede ser abatida a tiros y tecnología militar de última generación.
Incrementar el pie de fuerza a más de 450 mil efectivos por cuenta de la mayor ayuda militar de los gringos en el hemisferio no lo mantendrá en el poder, porque así lo dice la experiencia histórica y la sensatez. “Los pueblos que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”. Pero además un gobierno desprestigiado, amarrado a la ilegitimidad y acosado por la crisis del capitalismo mundial es un gobierno condenado al fracaso.
La Colombia de hoy no quiere el guerrerismo ultramontano del gobierno. Quiere soluciones al creciente desempleo y la pobreza. Reclama la inversión social sacrificada en aras de la guerra. Pide educación, vivienda, salud, agua potable, derechos laborales, tierra, carreteras, electricidad, telefonía y comunicaciones, mercadeo de productos, renacionalización de las empresas que fueron privatizadas, castigo a la corrupción, soberanía del pueblo, protección del medio ambiente, democracia verdadera, libertad de opinión, liberación de presos políticos, fin a la irracional extradición de nacionales que mantiene de rodillas la soberanía jurídica, información veraz, relaciones internacionales de respeto recíproco entre las naciones, integración y Patria Grande, justicia social y paz.
Uribe le teme, como el diablo al agua bendita, al clamor creciente de los que piden paz, castigo a los crímenes de Estado, y nuevo gobierno. Por eso exige con angustia que el tema de la paz sea proscrito del debate electoral que se avizora. Es la locura y el absurdo transfigurados en un mandatario que quiere encadenar el país a sus odios y resentimientos. Nadie podrá desligar de un proyecto de nueva sociedad y de gobierno, la paz que anhelan las mayorías nacionales. Ella es la bandera que unirá a los colombianos contra la tiranía, la guerra y la injusticia.
Todos debemos estar alerta para impedir la maniobra uribista de cambiar al actual Registrador Nacional por uno de sus serviles. La única esperanza del guerrerismo hirsuto ante el anhelo de las mayorías, es el fraude. Y es lo que debemos impedir ahora, ya que éste fue amo y señor de las elecciones del 2002 y del 2006. La reelección de Uribe es un asqueroso monumento al dolo y a la estafa erigido por el ex director del DAS Jorge Noguera, y el capo narco-paramilitar Jorge 40. En las 4 millones de firmas recogidas por los uribistas a favor del referendo con apoyo de dineros de DMG, están estampadas las firmas de un millón y medio de muertos. Eso es fraude y robo.
Fraude a la opinión es también la peregrina fábula de la derrota militar de la guerrilla, argumento falaz, pariente de los “falsos positivos”, utilizado en el fondo para justificar los terribles desafueros del Estado contra la población civil. Como siempre quisieron con Manuel Marulanda Vélez, han querido matar a las FARC con los fusiles del deseo y el ensordecedor tableteo de las rotativas. Ninguna guerrilla puede ser exterminada con disparos de tinta. No hay era del post-conflicto sino en el sueño delirante del guerrerismo sin futuro de un régimen en decadencia.
Desde las montañas de la resistencia, como lo hemos venido haciendo desde hace 45 años, convocamos a los colombianos a movilizarse resueltamente por la paz, la que nos negaron los santanderistas y el imperio washingtoniano cuando mataron a Bolívar y a la Colombia de la unidad de pueblos en 1830. El pasado cuenta en la construcción de la sociedad futura. Nadie nos puede desligar del destino señalado por el Libertador en los orígenes de la República. La incitación del senador Álvaro Gómez Hurtado a comienzos de la década del 60 a someter a sangre y fuego, lo que consideró “República Independiente de Marquetalia”, no ha sido suficiente para entender que los problemas nacionales no se solucionan a través de la violencia del Estado. Hay que construir una Nueva Colombia sobre el sólido cimiento de la paz concertada.
Como garantía de paz y de soberanía nacional debemos erigir unas nuevas Fuerzas Armadas compenetradas con la doctrina militar bolivariana que inculca el amor al pueblo y el odio a la tiranía. No debemos olvidar que el ejército patriota fue el creador de Colombia y la República en las fulgurantes victorias de Boyacá y de Carabobo, y que su comandante Bolívar lo definió como “defensor de la libertad”, agregando que “sus glorias deben confundirse con las de la república, y su ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad de su país”. Así deben ser las nuevas Fuerzas Armadas y estamos seguros que muchos de los actuales oficiales sueñan con jugar ese papel.
Para lograr el propósito de Colombia Nueva es necesario reorganizar el Estado sobre la base de la soberanía del pueblo, tal como lo concibió el Libertador en Angostura. A las tres ramas del poder público debemos agregarles los poderes moral y electoral, instituyendo la revocatoria del mandato en todas las instancias de elección popular. No más copias de leyes extranjeras para resolver nuestros asuntos internos. No más sistema penal acusatorio. Requerimos un nuevo gobierno que castigue ejemplarmente la corrupción y cierre espacios a la impunidad; que proscriba la política neoliberal causante de nuestras desgracias económicas y sociales.
El país y el gobierno que soñamos deben asegurar el control de las ramas estratégicas, estimular la producción en sus diversas modalidades, hacer respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales. Hacer realidad la educación gratuita en todos los niveles, llevar justicia al campo con una verdadera reforma agraria que genere empleo y soberanía alimentaria, y sembrar la infraestructura del progreso nacional. Los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para Colombia deben ser revisados, así como los pactos militares, los tratados y convenios que mancillen nuestra soberanía, anulados. En este mismo sentido el país no tiene por qué pagar la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Solución no militar ni represiva al problema social de la narco producción. Nuestra política internacional debe reorientarse hacia la integración solidaria de los pueblos de Nuestra América en la Patria Grande bolivariana, y el Socialismo.
La etapa definitiva de la lucha por la paz ha comenzado. El pueblo colombiano no puede aflojar hasta no ver concretado este derecho.
¡Con Bolívar, con Manuel, con el pueblo, al poder! Manuel vive en la lucha del pueblo colombiano.
Hemos jurado vencer, y venceremos.
